Una decisión judicial que sacudió al Palacio del Mango: el Juzgado Segundo Penal de Conocimiento de Chaparral ordenó dos días de arresto contra la gobernadora del Tolima, Adriana Magali Matiz, y su secretario de Educación, Andrés Felipe Bedoya, por desacato a una tutela.

La protagonista de la historia es una profesora que pidió ser trasladada por razones humanitarias, y terminó ganándole una batalla jurídica al gobierno seccional.

El caso lo inició Diana Magaly Muñiz, docente adscrita a una escuela rural en la zona PDET del municipio de Chaparral. Aunque había aceptado el cargo bajo el compromiso de permanecer allí diez años, decidió interponer una acción de tutela alegando la vulneración de los derechos fundamentales de sus hijas: una sin acceso a salud adecuada, y otra sin posibilidad de cursar estudios secundarios en esa zona rural.

El juez le dio la razón, ordenó su traslado a un colegio más cercano al casco urbano y el tiempo pasó. Al ver que la Gobernación no cumplía, el juzgado abrió un incidente de desacato. Resultado: arresto de 48 horas y una multa de dos salarios mínimos para cada uno de los sancionados.

Pero detrás del fallo, varios actores leen una escena más compleja. ¿Se trata solo de una decisión judicial o de un pulso entre el poder regional y la justicia? En los pasillos políticos ya se comenta que este episodio no solo golpea la imagen de la gobernadora, sino que deja en evidencia una paradoja: mientras se dedica a criticar al presidente Petro en cada micrófono que encuentra, su propio gobierno tambalea por no cumplir una escueta tutela.

Desde el Sindicato de Maestros del Tolima (SUTET-SIMATOL), el abogado Germán Huartos respaldó la decisión judicial y aseguró que la acción buscaba proteger derechos fundamentales: “La profesora no pedía beneficios personales, sino condiciones dignas para sus hijas”, dijo.

En defensa, el secretario Bedoya explicó que sí se había cumplido el fallo, reubicando a la docente en una sede educativa más cercana al hospital de Chaparral. No obstante, el juez no lo consideró suficiente. La Gobernación anunció que cumplirá la orden con el traslado al casco urbano y que la resolución está en camino.

Mientras tanto, la oposición aprovecha para preguntar: ¿Qué tan sólido es el liderazgo de una gobernadora que podría ser arrestada por desacatar un fallo que protege a menores de edad?