El Centro de Atención y Protección Animal (CAPA) volvió a ser noticia, esta vez no por los rescates o adopciones, sino por una alerta emitida por la Personería de Ibagué: falta de alimentos, condiciones de desaseo y una evidente ausencia de planeación.
El escándalo puso en la mira a la Secretaría de Gobierno, y el actual titular, Leandro Vera, no se guardó las palabras.
“No podemos seguir con esa improvisación de que el 31 de diciembre se acabó el contrato y en enero no tengamos cómo responder”, afirmó Vera, en una frase que, sin mencionar nombres, dejó mal parado a su antecesor, Edward Amaya, quien ocupó el cargo hasta enero de 2025.
Según explicó Vera, el suministro de alimentos se vio afectado por la terminación del contrato el 31 de diciembre. Un detalle clave que, al parecer, no fue previsto ni resuelto a tiempo, dejando a los animales del CAPA en una situación crítica justo en el arranque del año.
La falta de previsión dejó al descubierto una debilidad estructural en la gestión anterior: no hubo un empalme contractual, ni provisiones anticipadas para garantizar la continuidad del servicio, algo básico en cualquier entidad que atiende seres vivos.
La actual administración ya trabaja en corregir el problema. Vera anunció que hay una tonelada de comida disponible mientras se adjudica un nuevo contrato por $180 millones para garantizar el suministro durante este año. El mensaje fue claro: el CAPA no puede volver a pasar por una situación similar.
“Las provisiones deben estar aseguradas”, recalcó el Secretario, quien ha insistido en que esta crisis debe ser un punto de quiebre para implementar una mejor planeación a futuro.
La administración actual intenta recuperar el rumbo del Centro, pero también deja claro que parte de la crisis viene de atrás. El mensaje de Vera, sin necesidad de gritar, fue una forma diplomática —pero directa— de pasarle la factura a Edward Amaya, cuya salida dejó más preguntas que respuestas. En política, como en el CAPA, no basta con dejar todo cerrado: hay que dejarlo funcionando.
