Cuando uno piensa en una alcaldesa, se imagina a alguien que da ejemplo. Pero en Murillo (Tolima) las cosas funcionan al revés. María Camila Sánchez Velásquez, actual mandataria del municipio, no solo dirige el gobierno local: también colecciona comparendos de tránsito como si fueran trofeos deportivos.
Según el Sistema Integrado de Información sobre Multas y Sanciones (SIMIT), la alcaldesa debe la nada despreciable suma de $5.318.000, acumulada en nueve infracciones.
El historial es digno de un piloto de rally irresponsable: conducir sin revisión técnico-mecánica, irrespetar las señales de tránsito, parquear donde no debe (3 veces), violar el pico y placa, desobedecer a los agentes de tránsito y, como broche de oro, conducir con la licencia vencida.
Las infracciones se remontan a 2015, hace más de una década, y se reparten entre cinco vehículos diferentes, matriculados en Ibagué y Líbano. La más reciente multa no es vieja: data de diciembre de 2022. Es decir, cuando ya estaba ad portas de lanzarse como candidata a la Alcaldía.
¿Y así pretende Sánchez Velásquez exigir orden en su municipio? Resulta, como mínimo, escandaloso que quien debe garantizar el respeto a la ley no sea capaz ni siquiera de acatarla sobre el volante. La alcaldesa de Murillo es, literalmente, un peligro rodante.
Hoy, María Camila Sánchez gobierna, da discursos sobre cultura ciudadana, y habla de "un Murillo en paz y progreso". Pero detrás de esas palabras, hay una realidad incómoda: una mandataria reincidente en faltas graves al tránsito, que ni paga sus multas ni parece tener la intención de hacerlo. ¿Será que no le alcanza el salario?
