En Colombia todo puede pasar, incluso que un abogado sancionado por estafa, con contratos amañados y estudios inflados, termine como secretario jurídico del Gobierno Petro. Augusto Ocampo Camacho, el expolémico zar anticorrupción de Ibagué, acaba de ser nombrado en uno de los cargos más sensibles del Ejecutivo. Sí, el mismo que fue investigado, sancionado y hasta acusado de quedarse con la plata de un condenado por corrupción.
El historial de Ocampo no es precisamente intachable. En 2023, la Comisión Seccional de Disciplina Judicial de Ibagué lo suspendió por cobrar $10 millones por un recurso legal que jamás presentó. Su víctima: Wilmer Manchola, un ingeniero condenado por el escándalo del desfalco de los Juegos Nacionales de Ibagué. El entonces abogado de Manchola ni tramitó el caso ni devolvió el dinero. Fue sancionado con cuatro meses de suspensión y una multa cercana a los $8 millones.
Pero su rastro no termina ahí. Durante su paso por la administración del exalcalde Guillermo Alfonso Jaramillo y la Personería de Ibagué, Ocampo firmó contratos que hoy son investigados por la Contraloría y la Procuraduría. Uno de ellos, por casi $20 millones, exigía una especialización en Derecho Administrativo que Ocampo no tenía. Para tapar el error, firmaron una sospechosa "acta aclaratoria" el mismo día del contrato, justo antes de que entrara en vigencia la ley de garantías. Todo suena a carrera contra el reloj para favorecer a alguien que no cumplía los requisitos.
La Contraloría también descubrió que Ocampo infló los datos de su formación académica en la Función Pública: dijo que su especialización en investigación criminal duró 10 semestres y terminó en 2001, cuando en realidad duró 2 y la finalizó en 2003. Pequeños detalles... que en la contratación pública son faltas graves.
El nuevo secretario jurídico del presidente Petro no solo carga con un pasado lleno de sombras, sino que su figura representa una contradicción gigantesca: de “zar anticorrupción” pasó a ser investigado por corrupción, y ahora manejará los asuntos jurídicos del Palacio de Nariño.
Adentro del gobierno lo venden como un “abogado con experiencia en la JEP y formación penal”, pero evitan mencionar su prontuario en Ibagué, los contratos irregulares, la estafa confirmada y la inexactitud de su hoja de vida.
