La alcaldesa Johana Aranda continúa realizando ajustes en su equipo de trabajo. Uno de los más recientes es la designación de Rocío Lozano Delgado como nueva directora operativa del Sistema Estratégico de Transporte Público (SETP), una profesional con amplia trayectoria en el sector público.
Según la presentación oficial de la entidad, Lozano cuenta con más de dos décadas de experiencia. Ha sido funcionaria en entidades como Findeter, donde tuvo a su cargo la supervisión de los contratos que esta entidad mantiene con el IBAL. Además, trabajó en la Empresa de Acueducto y Alcantarillado del Tolima (EDAT), durante la administración del exgobernador Luis Carlos Delgado Peñón (2012-2015), liderando el Plan Departamental de Aguas.
También fue secretaria de Infraestructura durante la alcaldía de Guillermo Alfonso Jaramillo (2016-2019), actual ministro de Salud. Su llegada al instituto descentralizado ha generado diversas interpretaciones en sectores políticos locales, en especial por su trayectoria vinculada a gobiernos anteriores y su cercanía con figuras relevantes del liberalismo como el exsenador Mauricio Jaramillo.
Hasta hace unos días, el cargo era ocupado por Mauricio Peralta, ingeniero con vínculos en el hurtadismo. Este relevo ha sido interpretado por algunos como un cambio no solo técnico, sino también con matices políticos.
Para algunos analistas cercanos al escenario local, estos movimientos reflejan una estrategia para mantener una relación equilibrada con el jaramillismo, sector que hoy tiene influencia nacional a través del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y cuya gestión podría ser clave en el envío de recursos al sistema de salud en Ibagué.
Hay quienes afirman que figuras como Mauricio Jaramillo habrían brindado un respaldo silencioso a Johana Aranda durante la campaña, lo que habría influido en una contienda cerrada que se resolvió por un margen estrecho.
En ese sentido, el nombramiento de Rocío Lozano podría leerse más como una señal de distensión que como una concesión: un movimiento estratégico para consolidar gobernabilidad sin cerrar las puertas a quienes pueden contribuir técnica o políticamente desde otras orillas.
