El exalcalde de Cajamarca (Tolima), Julio Roberto Vargas, y su exsecretario de Hacienda, Luis Alberto Aponte Aponte, están en la mira de la justicia. La Fiscalía General de la Nación los imputó por el delito de peculado por apropiación en favor de terceros, junto a Ilihn Alexander Cardona Díaz, un empresario que recibió 1.000 millones de pesos del municipio sin tener un solo contrato firmado.
La investigación liderada por la Unidad de Administración Pública de la Seccional Tolima destapó un escándalo que huele mal desde todos los ángulos. En enero de 2023, el entonces alcalde y su secretario de Hacienda ordenaron tres giros por 1.000 millones de pesos a la empresa de Cardona Díaz, sin que existiera un contrato que justificara el movimiento del dinero.
Todo parecía un saqueo descarado hasta que, seis meses después, Cardona Díaz “milagrosamente” devolvió 896 millones de pesos sin ofrecer una sola explicación. ¿Qué pasó con los otros 104 millones? ¿Por qué se le giró dinero sin un contrato? ¿Y quién le dio la orden?
Como era de esperarse, ni el exalcalde Vargas, ni su secretario de Hacienda, ni el empresario aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. A pesar de las pruebas, insisten en su inocencia. Sin embargo, el rastro del dinero cuenta otra historia.
¿La gran pregunta? Si Cardona Díaz no tenía contratos con el municipio, ¿por qué recibió 1.000 millones de pesos? ¿Fue un error administrativo, un favor entre amigos o un saqueo calculado? Lo que está claro es que alguien en la Alcaldía de Cajamarca jugó con la plata de los ciudadanos.
Este escándalo deja en evidencia la fragilidad del control en los recursos públicos y el descaro con el que algunos exfuncionarios manejan el dinero de los municipios. Mientras Cajamarca enfrenta problemas estructurales, 1.000 millones de pesos terminaron en una cuenta privada sin razón aparente.
Ahora, la Fiscalía tiene la tarea de descubrir quiénes más estuvieron involucrados, qué pasó con los 104 millones de pesos que nunca regresaron y cuál era el verdadero propósito de esta oscura transacción.
¿Habrá más imputaciones o todo quedará en el limbo?