No es casualidad ni coincidencia. La visita del influenciador Wally Opina a Ibagué responde a un plan calculado con un objetivo claro: atacar a la alcaldesa Johana Aranda, militante del Centro Democrático. Pero, ¿quién está detrás de este movimiento y cuánto dinero hay en juego?
Este medio logró hablar con varios creadores de contenido de talla nacional, quienes aseguraron que se les ofreció hasta $30 millones de pesos para producir videos que desprestigien a la administración municipal de Ibagué. Varios se negaron, pero Wally Opina, al parecer, aceptó sin reparos. La pregunta es: ¿qué intereses se mueven tras bambalinas para financiar una campaña de este calibre contra una mandataria local?
Walter Alfonso Rodríguez Chaparro, conocido como Wally Opina, no es un influenciador cualquiera. Es un activista digital vinculado con el petrismo y, según documentos revelados por El Espectador, firmó un contrato con RTVC en el que recibiría $7.600.000 mensuales por seis meses, sumando un total de $45.600.000. Su labor: generar "contenidos jurídicos de opinión".
Resulta irónico que quien debe mantener una postura "imparcial y objetiva" en sus análisis, según los términos de su contrato, ahora esté envuelto en una campaña de ataques selectivos.
Detrás de esta ofensiva digital contra la alcaldesa Aranda hay dos posibles orquestadores. Por un lado, está el petrismo local, encabezado por el excandidato a la Alcaldía de Ibagué, Marco Emilio Hincapié, y el actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo.
Pero también hay quienes apuntan al barretismo, un sector tradicionalmente distante del petrismo. ¿Es posible que un grupo político sin afinidad con el gobierno nacional esté financiando a un influenciador identificado con el petrismo? Difícil de creer, pero en la contienda política todo es posible.
Lo cierto es que el fuego cruzado contra la mandataria coincide con el inicio de una nueva campaña electoral, donde su peso e influencia en redes sociales generan molestia entre sus opositores.
El historial de Wally Opina está lejos de ser impoluto. Fue señalado por presuntamente certificar experiencia laboral de manera irregular a excolaboradores suyos en Colombia Compra Eficiente. Uno de estos, Nicolás Javier Garzón Carvajal, figuraba como beneficiario del régimen subsidiado de salud, lo que levanta sospechas sobre si realmente tuvo un vínculo laboral formal con el influenciador.
Por si fuera poco, su caso no es aislado. Otros influenciadores petristas también han aterrizado en el gobierno con contratos jugosos: Laura Daniela Beltrán (Lalis), asesora en la Superintendencia de Industria y Comercio, y David Rozo (Don Izquierdo), contratado en RTVC con un salario de $35 millones.
El libreto es claro: se contrata a un influenciador con una narrativa polémica para desacreditar a una figura pública en un momento clave. En este caso, la víctima es Johana Aranda.
Los ciudadanos deben preguntarse: ¿Por qué un influenciador con un contrato vigente en el gobierno nacional está en Ibagué atacando a la administración local? ¿De dónde sale el dinero para financiar estos ataques?
Las respuestas podrían revelar una operación política que va mucho más allá de un simple video en redes sociales.
