En el Tolima, la cultura no solo baila al ritmo del folclor, también al de los contratos amañados. El pasado 26 de marzo, la Gobernación del Tolima firmó el contrato No. 1329 de 2025 por más de $1.700 millones con la Fundación Artística, Deportiva y Cultural 369 –Funcultura 369–, una entidad recién aparecida que fue registrada en Cámara de Comercio hace ocho meses y que en redes sociales tiene el mismo silencio que su historial: nulo.
La organización, que debería ejecutar actividades artísticas y logísticas durante el año, tiene una sola publicación en Facebook, fechada curiosamente el mismo día de la firma del contrato. Un detalle que no puede ser coincidencia.
La representante legal, Julie Pauline Bedoya Bonilla, es una vieja conocida en los círculos políticos: en 2023 fue vista respaldando abiertamente en su fallida candidatura a la Alcaldía a Alexander Castro, el actual secretario de Cultura y operador político del barretismo. Bedoya no solo firmó el contrato: también figura como presidenta de la junta directiva de esta misteriosa fundación que, de la nada, apareció para quedarse con el contrato cultural más grande del año.
Los nombres de Jeferson Velandia, Óscar Castro, Fredy Castro y Maritza Bonilla completan la directiva de esta entidad, cuyos lazos familiares y políticos con el castro-barretismo empiezan a emerger como el verdadero escándalo detrás del telón.
El documento adjudicado contempla desde el montaje de escenarios hasta el hospedaje de artistas, incluyendo alimentación, luces, sonido y logística general. Una especie de combo cultural todoterreno para el que la experiencia brilla por su ausencia. ¿Cómo una fundación sin trayectoria alguna, sin presencia en territorio ni reconocimiento del sector, se queda con semejante tajada del erario? (Ver contrato)
“¿Cuántos procesos culturales reales se pudieron haber financiado con eso?”, se preguntó en la Asamblea la diputada Yully Porras, quien ha sido la única voz crítica en este nuevo show de contratos a dedo.
Su denuncia apunta a lo que ya muchos en el gremio cultural murmuran: aquí se cocinó un contrato a la medida, para pagar favores y mantener contentos a los alfiles políticos.
El guion ya es conocido: se crea una fundación de papel, se le asigna un contrato jugoso, y se reparten las ganancias entre ellos mismos. El libreto suena a viejo, pero el escándalo es nuevo. Esta vez, con el ingrediente especial de una relación directa con un funcionario público: Alexander Castro, el mismo que dice “apostarle a la cultura” pero solo busca enriquecerse y desangrar al Tolima.
La Contraloría, la Procuraduría y la Fiscalía no pueden quedarse de espectadores. Aquí no solo se está vulnerando la equidad en la distribución del presupuesto cultural, sino que se podría configurar un delito de contratación sin cumplimiento de requisitos legales y posible tráfico de influencias.
Mientras los colectivos culturales del Tolima sobreviven con lo mínimo, y los procesos formativos se extinguen por falta de apoyo, el barretismo sigue ordeñando al Estado como si fuera una finca privada. ¿Los tolimenses permitirán que la cultura sea el nuevo botín político?
Este no es un caso aislado. Es una advertencia. Las autoridades deben actuar y rápido. Porque en el Tolima, la cultura huele a negocio. Y no precisamente a arte, sino a corrupción.
