Causa curiosidad –y deja muchos interrogantes– la cercanía entre el magistrado Andrés Rojas Villa, quien maneja el proceso de reubicación de las familias de Hato de la Virgen, y el polémico abogado Hernando Álvarez Urueña, señalado en múltiples ocasiones de promover invasiones ilegales en Ibagué y lucrarse de ellas.
La semana pasada, a una cuadra del Palacio de Justicia, se captó una fotografía que ahora desata suspicacias: ¿qué hacía el magistrado Rojas Villa junto al abogado apoderado de las familias de Hato de la Virgen? ¿Una simple casualidad o una reunión con intereses ocultos?
Álvarez Urueña no es un desconocido en estos temas. Su historial está marcado por denuncias sobre presuntas exigencias económicas a comunidades vulnerables a cambio de impedir desalojos. Se le ha señalado de incentivar ocupaciones ilegales en sectores como Las Brisas, Ecoparaíso y La Palmilla, bajo la excusa de una supuesta labor social.
A esto se suma la postura del magistrado Rojas Villa, quien se ha convertido en una piedra en el zapato para la Administración Municipal en el proceso de reubicación de estas familias. Su actuar ha generado inquietudes, especialmente ahora que aparece en una imagen junto al abogado que defiende a los invasores.
Lo más grave es que mientras la Alcaldía trabaja en soluciones reales para ordenar la ciudad y garantizar una reubicación digna, hay actores que parecen estar más interesados en entorpecer el proceso y aprovecharse de la situación.
Es necesario que la ciudadanía y las autoridades competentes pongan la lupa sobre este caso. La justicia no puede ser utilizada como un instrumento de presión ni para beneficiar a quienes han hecho de la invasión ilegal un negocio lucrativo.
El interrogante sigue abierto: ¿qué se estaba negociando en esa reunión no oficial?
