En Ibagué hay una página de Facebook que muchos creen inofensiva, pero que en realidad es el centro de una operación política silenciosa, bien aceitada y financiada con recursos públicos.
Su nombre es "Ciudadanos por Ibagué", pero de ciudadana no tiene nada: detrás de su fachada de activismo local se esconde una bodega digital que opera con la frialdad de una campaña negra profesional.
Esta investigación revelará nombres, cargos y contratos de cómo funcionaría la cloaca jaramillista que envenena las redes sociales de la ciudad y que ya ha sido denunciada ante la Fiscalía.
Tres fuentes cercanas al exalcalde de Ibagué y actual ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, entregaron datos del funcionamiento interno de una fachada digital que, bajo la apariencia de un medio comunitario, se dedica a publicar contenido falso o distorsionado sobre la administración de la alcaldesa Johana Aranda, la gobernadora Adriana Matiz, y todo aquel que no milite en las filas del petrismo local.
Los nombres se repiten: Juan Diego Angarita, exsecretario de Apoyo a la Gestión durante el gobierno de Jaramillo (2016-2019), es hoy jefe de oficina en la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada, una entidad adscrita al Ministerio de Defensa.
Su esposa, Susan Porras, pasó del activismo político en Icononzo (Tolima) y sus denuncias en redes, a ser profesional especializada en Coljuegos, desde diciembre de 2023.
Completa el perverso tridente Javier Guerra, viejo conocido del gremio periodístico de Ibagué, exjefe de prensa de Jaramillo, y hoy contratista de Coljuegos, con honorarios que superan los 15 millones de pesos mensuales.
Y aparece también Juan Sebastián Amézquita, politólogo, opinador habitual en medios radiales, también vinculado a Coljuegos con un contrato que supera los $7 millones.
Todos contratistas del Gobierno Nacional. Todos activistas del jaramillismo. Todos ellos, según las fuentes consultadas, al parecer, estarían detrás de la página que funciona como una burda bodega digital que bombardea basura a diario.
El portal "Ciudadanos por Ibagué" no nació con fines políticos. Al principio fue un espacio personal. En 2015 se llamaba "Aftermoon", y allí Susan Porras -hermana media de la diputada Yully Porras de Yepes- compartía poemas, reflexiones y vivencias.
Pero con la llegada de Jaramillo al poder local, la página se convirtió en un brazo propagandístico. Primero como "Ambientalistas por Ibagué", luego como "Ciudadanos con Guillermo Alfonso Jaramillo", y finalmente con el nombre actual.
La estrategia se refinó, mientras los contratos oficiales fluían desde Bogotá, el contenido comenzaba a transformarse en insultos, burlas, noticias tergiversadas y ataques directos.
¿La misión? destruir a los adversarios del jaramillismo y, de paso, posicionar al heredero político del clan: Marco Emilio Hincapié Jr, envuelto en un mayúsculo escándalo por presuntamente haber estafado a más de 200 familias ibaguereñas con falsos proyectos de vivienda por medio de la constructora propiedad de su familia.
Según las fuentes consultadas, el operador de contenido sería Angarita. Él aprobaría los copys, los videos y las piezas gráficas. La línea editorial es atacar sin tregua al hurtadismo y al barretismo.
La ejecución queda en manos de un pequeño grupo de jóvenes, algunos militantes del petrismo, estudiantes, activistas que no cobran un peso, pero se encargan de difundir el contenido en WhatsApp, grupos de Facebook y comentarios masivos para que las publicaciones tengan viralidad en la red social.
“Hace unas semanas se reunieron todos ellos (Angarita, Porras, Guerra, Amézquita, entre otros) en una oficina de un reconocido edificio de la Quinta, aquí en Ibagué. Marco Emilio Jr. les dio línea. Quieren revivir su imagen política con esta página para fortalecer su aspiración a la Cámara en 2026”, dijo una de las fuentes del equipo del ministro Jaramillo, quien solicitó omitir su nombre.
Otra fuente —también vinculada al jaramillismo— reveló que el alto funcionario, al parecer, no tendría conocimiento de la bodega:
“Guillermo Alfonso ni siquiera sabe que eso existe. Eso es idea de Guerra y Angarita. Están usando el nombre del exalcalde para hacerle campaña a Marco Emilio, sin que el viejo se entere”.
La página se reactivó con fuerza a inicios de 2025, justo cuando Marco Emilio y su padre fueron salpicados por el escándalo nacional en el que más de 200 familias habrían sido víctimas de proyectos de vivienda fantasmas en el barrio El Salado de Ibagué.
El influenciador Juanpis González lo expuso recientemente en una de sus emisiones. Desde entonces, la prioridad ha sido limpiar el nombre del hijo y destruir a quienes pudieran interponerse en su aspiración electoral.
La historia de Ciudadanos por Ibagué no es aislada. Una reciente investigación de El Espectador reveló cómo una “tropa” de influenciadores contratados con recursos del Estado opera a favor del Gobierno Petro, generando contenido a medida para atacar a la oposición. (Ver informe de El Espectador)
18 activistas con contratos por más de $700 millones de pesos solo en 2025. El mismo libreto se repite en Ibagué. Ya lo hace Wally Opina, y también lo hacen los bodegueros de Angarita, Guerra y Porras.
(Ver: El oscuro juego de Wally Opina en Ibagué: ¿contrato millonario para desprestigiar a la alcaldesa?)
Las autoridades han recibido al menos una decena de denuncias formales contra la página Ciudadanos por Ibagué. Una de ellas fue presentada por el secretario de Turismo del Tolima, Alexander Castro, quien en rueda de prensa denunció:
“Lo que estamos viviendo no son solo balas físicas, sino balas verbales que atacan la integridad de nuestra imagen. Estos ataques, conocidos como ‘sicariato moral’, no provienen de individuos identificables, sino de seudomedios sin rostro ni responsabilidad, que operan desde la oscuridad para difamar y desinformar”, indicó.
La bodega jaramillista no es una anécdota de redes ni un simple juego político. Es una estructura pagada con dineros públicos, que manipula la opinión, ataca sin rostro y ensucia el debate democrático con tácticas de cloaca.
En la Fiscalía General de la Nación, seccional Ibagué, ya reposa una denuncia penal por injuria, calumnia, entre otros delitos informáticos, para que en averiguación de responsables, las autoridades desenmascaren a los autores de esta bodega, encargada de desprestigiar a actores políticos desde el anonimato.
