En el municipio del Líbano, norte del Tolima, la tierra se desmorona, los campesinos lo han perdido casi todo y las veredas comienzan a quedar aisladas. Pero la verdadera tormenta no es la climática, sino la política.
La alcaldesa Beatriz Valencia levantó una denuncia que ha comenzado a resonar más allá de las montañas: la maquinaria prometida por la Gobernación del Tolima para atender la emergencia invernal está en manos de un grupo político que, según ella, actúa como si los bienes públicos fueran propiedad privada.
“Ese kit lo administra un grupo cercano al senador Óscar Barreto. ¿Desde cuándo los bienes del Estado tienen dueño político?”, cuestionó.
La maquinaria, anunciada hace más de dos meses por la Gobernación como parte del plan de atención de emergencias, nunca llegó al Líbano. “Dicen que está en Villahermosa, pero aquí no ha llegado ni una retroexcavadora”, advirtió la mandataria.
La situación es crítica. Según datos suministrados por la Alcaldía, más de 100 hectáreas de café, plátano y yuca han sido arrasadas por las lluvias. 50 viviendas presentan afectaciones, tres colapsaron completamente y varias vías terciarias están intransitables por derrumbes. Pero lo que más preocupa es la falta de respuesta.
Un funcionario de la administración municipal, que pidió reserva de su nombre, aseguró que “la maquinaria está lista, pero no se mueve sin la venia del grupo político que la controla. Aquí todo depende de a quién apoyaste en elecciones”.
La denuncia pone sobre la mesa una práctica que en el Tolima parece naturalizada: la politización de los recursos públicos, incluso en contextos de desastre.
El manejo del kit de maquinaria se ha convertido en un símbolo de cómo opera el poder territorial. La figura del senador Óscar Barreto, dos veces gobernador del departamento y jefe político del partido Conservador en la región, vuelve al centro del debate.
Valencia fue enfática: “La tragedia no tiene color político. No es aceptable que mientras la gente clama por ayuda, otros decidan desde una oficina si la retroexcavadora va o no, dependiendo de la camiseta política del alcalde”.
Detrás del enfrentamiento hay una explicación política que no necesita muchas vueltas: Beatriz Valencia es respaldada por el excongresista José Elver Hernández Casas, “Choco”, un viejo aliado del Barreto que rompió filas y, aunque sigue perteneciendo al Partido Conservador, hoy juega para otro equipo.
Fue uno de los impulsores de la candidatura de Johana Aranda a la Alcaldía de Ibagué, aliada del hurtadismo, el enemigo directo del barretismo. Es una simple ecuación sobre el tablero político: si estás con el enemigo, no esperes trato preferencial.
La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, al ser consultada por la Alcaldía, trasladó la responsabilidad al gobierno departamental. Y allí, según los denunciantes, es donde se tranca la cadena de atención.
Mientras tanto, las lluvias no cesan. El IDEAM ha advertido que el fenómeno podría extenderse hasta julio. La Alcaldía del Líbano ha acudido a empresas privadas para intentar despejar las vías, pero los recursos no dan abasto.
En el terreno, el drama continúa. “No es solo tierra y café lo que se pierde”, dijo un agricultor afectado. “Aquí se pierde la dignidad cuando la ayuda se negocia como si fuera un contrato”.
La pregunta es incómoda, pero urgente: ¿cuánta gente más debe quedar incomunicada, perder su casa o su sustento para que el gobierno departamental entienda que el barro no pregunta por afinidades políticas?
En el Tolima, donde el poder se mide más por el control de una motoniveladora que por los votos, el verdadero desastre parece no estar en las montañas, sino en los escritorios.
