A Olga B. González, representante liberal del Tolima, el Gobierno Petro no le dio una cucharadita de mermelada, le sirvieron la olla entera. Con una ficha suya bien acomodada en Findeter —entidad nacional que reparte contratos y obras como si fueran confites electorales— la congresista se alista para engordar su caudal político rumbo al 2026.
Findeter es una entidad del Gobierno Nacional que se encarga de financiar proyectos en los municipios: pavimentación de vías, construcción de universidades, hospitales y demás obras públicas.
Tiene un presupuesto de más de 2 billones de pesos, y su presidente, Juan Carlos Muñiz, fue puesto en ese cargo por las representantes liberales conocidas como las “Sin Piedad”, un grupo de congresistas que apoya sin condiciones al presidente Petro.
Ese apoyo político no fue gratis: desde que Muñiz llegó a Findeter, empezaron a repartir puestos, contratos y obras en las regiones donde esas congresistas tienen fuerza política. Entre ellas está Olga Beatriz González, representante del Tolima.
Aunque no es de las más visibles, González ha logrado meter gente cercana en Findeter. Por ejemplo, el abogado Camilo Delgado, excandidato a la Alcaldía de Ibagué y muy cercano a ella, fue contratado como asesor jurídico en la dirección de contratos de Findeter.
Y no solo eso: ya empezó a acompañarla en giras por el Tolima y suena como posible candidato a la Cámara en 2026. Es decir, la congresista está usando su cercanía al Gobierno y su influencia en esta entidad nacional para fortalecer su equipo político y asegurar su continuidad en el poder.
Hasta el momento no hay una investigación formal contra González, ni se han encontrado contratos irregulares directamente relacionados con ella.
Sin embargo, el reportaje de La Silla Vacía, que destapó toda esta red de poder, muestra cómo Findeter se ha convertido en una plataforma para premiar a congresistas amigas del gobierno, dándoles poder en sus regiones.
Por eso, aunque no hay delito comprobado, sí hay un evidente uso político de una entidad pública, que debería trabajar con criterios técnicos y no al ritmo de los votos.
El escándalo no es solo en el Tolima. En otros departamentos, como el Atlántico, Quindío, Sucre y Magdalena, también hay congresistas liberales que están recibiendo beneficios: obras de cientos de miles de millones en sus municipios, contratos para personas cercanas y hasta empresas de comunicaciones contratadas con recursos públicos.
Mientras muchas regiones del país, incluido el Tolima, claman por inversión, empleo y obras, las decisiones sobre qué municipio recibe qué, se están tomando con base en intereses políticos, no en necesidades reales.
Y porque mientras los discursos hablan de cambio, de acabar con la corrupción y de gobernar distinto, lo que está ocurriendo es lo mismo de siempre, pero con nuevos protagonistas.
La lupa ya está sobre Findeter. La Fiscalía y la Corte Suprema han empezado a revisar la lista de congresistas que podrían estar detrás de contratos sospechosos.
Olga B. González, aunque aún no figura en esa lista, ya aparece en el radar político como parte de esta red de mermelada moderna, donde el que se alinea con el gobierno, se sirve primero.
