Ibagué vuelve a ser escenario de uno de esos episodios que mezclan política, show mediático y un evidente desconocimiento jurídico. El protagonista: Jorge Bolívar, concejal y aspirante a convertirse en el gran fiscalizador de lo público.

Esta vez, su jugada fue interponer una acción de tutela contra varias entidades del municipio, alegando que no le respondieron un derecho de petición sobre Ibagué Limpia S.A. E.S.P., una empresa de economía mixta que maneja la supervisión del servicio de aseo en la ciudad.

Hasta ahí, todo parecería ir en línea con el papel de un concejal en ejercicio de su función de control político. Pero la historia da un giro tragicómico cuando se lee la sentencia del Juzgado Noveno Penal Municipal con Función de Conocimiento de Ibagué.

La tutela fue rechazada de plano, no porque las entidades hayan incumplido (que no lo hicieron, según el expediente), sino porque el propio Bolívar no tenía legitimación para presentarla. Sí, como lo lee: él no fue quien radicó la solicitud original.

El documento base del derecho de petición fue firmado y enviado por Juan Esteban Espinel Díaz, secretario general del Concejo. Jorge Bolívar se montó sobre esa petición como si fuera suya, sin siquiera tener un poder especial que lo facultara para actuar en nombre del firmante.

El juez fue contundente: “quien podría discutir que se le vulnera su derecho de petición, es el señor Juan Esteban Espinel Díaz… y no el señor Jorge Bolívar Torres”. Una línea que bastó para desarmar toda la tutela y, de paso, dejar a Bolívar en ridículo.

Lo más grave no es solo el error legal, sino el intento de venderse como víctima de censura y opacidad institucional, cuando en realidad lo que hubo fue una metida de pata monumental. El show fue tan innecesario como torpe. (Ver sentencia de la tutela)

Mientras tanto, las entidades demandadas —Infibagué, Alcaldía, IBAL, Gestora Urbana, USI San Francisco y hasta la Contraloría— respondieron que sí dieron contestación a la petición (algunas con las limitaciones propias de la naturaleza jurídica de Ibagué Limpia), y otras aclararon que los documentos solicitados son reservados o simplemente no están en su poder.

Así las cosas, Bolívar montó un escándalo con base en un papel que ni siquiera firmó, presentó una tutela mal estructurada, y terminó con una sentencia que lo pinta como un político más interesado en hacer bulla que en actuar con rigor.

¿Fiscalizador del poder? Tal vez. ¿Víctima del sistema? Difícil. ¿Protagonista de una tutela fallida digna de meme político? Definitivamente sí.