La política en Ibagué se encuentra en un punto de ebullición. Este jueves, la Sección Quinta del Consejo de Estado tendrá en sus manos una decisión clave: la segunda instancia de la demanda de nulidad electoral contra la alcaldesa Johana Aranda.
El hurtadismo, visiblemente inquieto, observa con cautela el proceso. No es para menos. En primera instancia, el Tribunal Administrativo del Tolima falló en favor de Aranda, argumentando que no existía la inhabilidad por doble militancia que alegaba el demandante José Baruth Tafur Gutiérrez. Sin embargo, la apelación llevó el caso a Bogotá, donde la última palabra la tendrá el alto tribunal.
La ponencia está en manos del magistrado Luis Alberto Álvarez Parra, nada menos que el presidente del Consejo de Estado. ¿Casualidad? Difícil de creer. No son pocos los que sospechan que el barretismo está maniobrando en las sombras para que el fallo favorezca sus intereses.
Y hay más. El magistrado que emitió el fallo inicial en el Tolima, Luis Eduardo Collazos Olaya, ya ha visto caer dos de sus decisiones en el Consejo de Estado. Un antecedente que no pasa desapercibido y que podría jugar en contra de la alcaldesa.
Los antecedentes no son alentadores. Basta recordar lo sucedido en Melgar, donde el alcalde Rodrigo Hernández fue destituido por doble militancia. Una historia que algunos advierten podría repetirse en Ibagué.
Pero la defensa de Aranda no se ha quedado quieta. Su abogado, Juan Carlos Novoa, un curtido exmagistrado, ha blindado el caso con pruebas documentales que demuestran la renuncia oportuna al Partido Conservador. ¿Será suficiente?
Este jueves, al caer la noche, Ibagué podría amanecer con la misma alcaldesa o enfrentarse a un terremoto político. Si el Consejo de Estado revierte el fallo, la ciudad tendría que ir nuevamente a elecciones. Un escenario que pondría en jaque la estabilidad administrativa y reconfiguraría el tablero político local.
A pesar de la expectativa en torno al fallo, desde la Alcaldía de Ibagué hay absoluta tranquilidad. La administración de Johana Aranda confía plenamente en la solidez jurídica del caso y en las pruebas presentadas, que han sido avaladas en primera instancia.
La mandataria sigue trabajando con normalidad y con la convicción de que la justicia respaldará la voluntad popular.
