El último informe de la Contraloría Departamental del Tolima ha destapado una realidad incómoda para varias administraciones locales y empresas públicas del departamento. Un total de 16 entidades no cumplieron con la rendición de cuentas ante el órgano fiscalizador, lo que podría traducirse en sanciones económicas que golpeen directamente los bolsillos de sus responsables.

El caso más llamativo es el del Alcalde de Purificación, quien, al no presentar los informes correspondientes, se expone a una multa de hasta 25 millones de pesos, el equivalente a cinco meses de su salario. Pero no está solo en este lío: las alcaldías de Ortega, Murillo y Casabianca también figuran en la lista negra. Lo mismo ocurre con las empresas de servicios públicos de Dolores, Casabianca, Roncesvalles, Mariquita, Cunday y Murillo.

El escándalo no se detiene ahí. Los gerentes de los hospitales de Valle de San Juan, Natagaima, Purificación, Cunday y Coello tampoco cumplieron con la obligación de cargar la información fiscal de gestión en los aplicativos de la Contraloría. Esto no es un simple descuido administrativo: es una omisión que puede acarrear sanciones severas.

Sin embargo, en medio del fuego cruzado, el municipio de Murillo ha decidido contraatacar. La Secretaría de Hacienda local salió a desmentir a la Contraloría, asegurando que la rendición de cuentas sí se realizó en tiempo y forma. "Estamos aquí dándole la cara a la comunidad y evidenciando que el cargue se hizo de manera oportuna y responsable", afirmó la entidad.

El choque de versiones promete convertirse en un nuevo capítulo de la eterna disputa entre las administraciones municipales y los organismos de control. ¿Se trata de un error de la Contraloría o de una estrategia de algunos mandatarios para evadir responsabilidades? Por ahora, lo cierto es que la lupa fiscal sigue apuntando a los que, con su silencio o negligencia, han puesto en entredicho la transparencia en la gestión pública del Tolima.